Cuando la Provincia de San Luis presentó una demanda contra la Nación por la No Coparticipación de los fondos resultantes de las retenciones a las exportaciones de soja, muchos pensaron que era un ardid político para colgarse al medio de la lucha entre el Gobierno Nacional y los productores agropecuarios. Pero ahondando en el tema de la recaudación fiscal del último semestre del año pasado se observa que a las provincias se le sigue pidiendo el esfuerzo para poder salir de la crisis, que aunque haya reservas de 50.ooo millones de dólares el mercado interno se está deteriorando y la inflación es cada vez mayor y se hace sentir en la canasta básica de los argentinos. La política fiscal esta sobrecargada por el gasto público, difícil de sostener en el tiempo. El crecimiento de las erogaciones se explica fundamentalmente por el aumento de los subsidios al sector privado. En efecto, este rubro se expandió a una tasa cercana al 54%, seguido de lejos por el pago de jubilaciones (32,7 por ciento). No obstante, mientras estas últimas se incrementan por la anualización de los aumentos otorgados en 2007, los subsidios lo hacen por una mayor demanda por parte del sector privado y convalidados por el Estado nacional, que continúa profundizando la utilización de este mecanismo.Por el lado del gasto, llama la atención que la única partida que experimenta una contracción sea la de las transferencias discrecionales a provincias. Esto enciende una luz amarilla al momento de evaluar las variables que el Gobierno utilizaría de acá en más para fortalecer su frente fiscal. En este sentido, pareciera que la principal “variable de ajuste” que la actual administración ha elegido para moderar el gasto es la partida que se gira en forma “no automática” a las distintas jurisdicciones para financiar obras de infraestructura y programas sociales. La coparticipación ha queado atada a un índice inflacionario disfrazado que maneja la Nación en contra de lo que la realidad indica, por lo que , las coparticipaciones reales están mostrando una retracción con lo que las provincias se ven afectadas en sus economías internas ya que ellas deben hacer los ajustes para no entrar en crisis, sobre todo en San Luis donde la obra pública se ejecuta con fondos provinciales. Antes de las reformas, las provincias recibían un 46% del total de ingresos tributarios (excluyendo los recursos de la Seguridad Social) en tanto que, para fines de 2008, ese porcentaje se reduciría a sólo el 30%. Asimismo, desde marzo de 2002 (cuando se eliminan algunas sumas fijas establecidas entre 1999 y 2001 y se retorna parcialmente al esquema original), las transferencias automáticas a las provincias estuvieron en promedio por debajo del piso del 34% de lo recaudado por la Nación (excluyendo los recursos pertenecientes al Sistema Nacional de Seguridad Social), es decir que, durante buena parte del período de post-convertibilidad, no se ha dado cumplimiento a la garantía establecida en el artículo 7º de la Ley de Coparticipación Federal de impuestos. Esto último implica que durante el período bajo análisis, las distintas jurisdicciones resignaron a favor de la Nación una suma cercana a los $ 10.000 millones por transferencias automáticas de recursos coparticipables.La torta. Por su parte, esta disminución en la participación de las provincias en la “torta de recursos federales”, vino acompañada por un incremento sustancial en la responsabilidad de brindar bienes públicos esenciales, sobre todo a partir de la descentralización de la totalidad de las escuelas y los hospitales al ámbito subnacional a mediados de los 90.
Después de esta mirada muy por encima de lo que sucede y para alcanzar un entendimiento rápido de la situación, que otra cosa le queda a San Luis más que denunciar públicamente y ante la Justicia este atropello que, encima, por diferencias políticas, se ejecutan actos de discriminación.
