El máximo tribunal dictaminó que no es necesaria una medida cautelar para “asegurar provisionalmente el cumplimiento de una sentencia”
Fuente Infobae Profesional.com
La Corte Suprema de Justicia rechazó el pedido de suspender parcialmente la aplicación de las retenciones, en el marco de la demanda que presentó la provincia de San Luis, planteando su inconstitucionalidad.
En este contexto también negó un pedido de audiencia informativa del gobernador, Alberto Rodríguez Saá, con funcionarios nacionales y la presencia de las cuatro entidades del campo.El máximo tribunal aceptó, el pasado 10 de junio, intervenir en la demanda presentada por esta provincia, que planteó la inconstitucionalidad de las retenciones, y le corrió traslado al Gobierno nacional “para que comparezca al juicio y dé su contestación en el plazo de 60 días”, según publica El Cronista en su edición de hoy.San Luis había presentado un pedido de amparo para que la Corte suspendiera la aplicación de las retenciones, pero el tribunal dictaminó que no es necesaria una medida cautelar para “asegurar provisionalmente el cumplimiento de una sentencia”.Esta medida hubiera consistido en depositar en una cuenta del Banco Nación la diferencia entre lo que la Aduana recauda por cada operación de exportación de cereales y lo que hubiera percibido con las retenciones vigentes hasta el 10 de marzo.La Corte resolvió que “no será admitida” tampoco la solicitud de una “audiencia con carácter informativo”, en la que San Luis quería que intervinieran el jefe de Gabinete, Alberto Fernández; el secretario de Agricultura, Javier De Urquiza, y los dirigentes del agro.El gobernador Alberto Rodríguez Saá le reclama a la Nación $400 millones por impuestos coparticipados que la provincia habría dejado de percibir.Los ministros aceptaron, en otro orden, la excusación de su colega Eugenio Zaffaroni, que se aparta de todas las causas en las que intervenga San Luis.Con anterioridad, la Corte había dictado un pronunciamiento declarándose competente en el proceso iniciado por la provincia de San Luis contra la Nación.La demanda persigue que se declare la inconstitucionalidad de todas las resoluciones que impusieron derechos de exportación a partir del 1 de enero de 2002, de las leyes nacionales que prorrogaron sucesivamente la emergencia pública y de la delegación legislativa del artículo 755 del Código Aduanero, que faculta al Poder Ejecutivo a fijar impuestos en materia de comercio exterior, según el matutino.También intenta que se condene al Estado Nacional a pagar a la provincia una suma de dinero en concepto de diferencia entre lo realmente percibido en materia de coparticipación tributaria y lo que se hubiese percibido de no haberse aplicado los derechos de exportación.
En este contexto también negó un pedido de audiencia informativa del gobernador, Alberto Rodríguez Saá, con funcionarios nacionales y la presencia de las cuatro entidades del campo.El máximo tribunal aceptó, el pasado 10 de junio, intervenir en la demanda presentada por esta provincia, que planteó la inconstitucionalidad de las retenciones, y le corrió traslado al Gobierno nacional “para que comparezca al juicio y dé su contestación en el plazo de 60 días”, según publica El Cronista en su edición de hoy.San Luis había presentado un pedido de amparo para que la Corte suspendiera la aplicación de las retenciones, pero el tribunal dictaminó que no es necesaria una medida cautelar para “asegurar provisionalmente el cumplimiento de una sentencia”.Esta medida hubiera consistido en depositar en una cuenta del Banco Nación la diferencia entre lo que la Aduana recauda por cada operación de exportación de cereales y lo que hubiera percibido con las retenciones vigentes hasta el 10 de marzo.La Corte resolvió que “no será admitida” tampoco la solicitud de una “audiencia con carácter informativo”, en la que San Luis quería que intervinieran el jefe de Gabinete, Alberto Fernández; el secretario de Agricultura, Javier De Urquiza, y los dirigentes del agro.El gobernador Alberto Rodríguez Saá le reclama a la Nación $400 millones por impuestos coparticipados que la provincia habría dejado de percibir.Los ministros aceptaron, en otro orden, la excusación de su colega Eugenio Zaffaroni, que se aparta de todas las causas en las que intervenga San Luis.Con anterioridad, la Corte había dictado un pronunciamiento declarándose competente en el proceso iniciado por la provincia de San Luis contra la Nación.La demanda persigue que se declare la inconstitucionalidad de todas las resoluciones que impusieron derechos de exportación a partir del 1 de enero de 2002, de las leyes nacionales que prorrogaron sucesivamente la emergencia pública y de la delegación legislativa del artículo 755 del Código Aduanero, que faculta al Poder Ejecutivo a fijar impuestos en materia de comercio exterior, según el matutino.También intenta que se condene al Estado Nacional a pagar a la provincia una suma de dinero en concepto de diferencia entre lo realmente percibido en materia de coparticipación tributaria y lo que se hubiese percibido de no haberse aplicado los derechos de exportación.
