San Luis.- Cinco represores de la última dictadura serán juzgados a partir del lunes (20/10/08)en San Luis, en el marco del primer proceso oral y público por delitos de lesa humanidad que se llevará a cabo en la región de Cuyo.Se trata de dos ex militares y tres ex policías de la provincia de San Luis acusados del asesinato de Graciela Fiochetti, de las desapariciones de Pedro Valentín Ledezma y Santana Alcaráz, y de los tormentos sufridos por Víctor Fernández.El principal acusado es el ex subjefe de la policía puntana Carlos Esteban Plá, quien el 21 de septiembre de 1976 secuestró en la localidad de La Toma a Fiochetti, quien tenía 22 años.Desde allí, Plá llevó a la joven hasta la Jefatura Central de Policía, donde fue torturada, sometida a golpizas y asesinada en las Salinas del Bebedero, 60 kilómetros al oeste de San Luis.También serán juzgados en este proceso que arranca el lunes el ex coronel Miguel Fernández Gez, quien fuera jefe de la Guarnición Militar San Luis; y los ex policías David Becerra, Juan Carlos Pérez y Luis Orozco, todos ellos integrantes del departamento de Investigaciones de la Policía provincial.El mayor Carlos Alberto Franco, que fue jefe de la Policía durante la dictadura, también estaba imputado, pero murió hace poco mientras cumplía arresto domiciliario en Buenos Aires.En cuanto a la organización del juicio, el presidente del Tribunal Oral Federal de San Luis, Raúl Rodríguez, anticipó que se impondrán severas restricciones para el acceso del público y de los periodistas, que "sólo podrán ingresar en algunas instancias".Rodríguez enfatizó que para él se trata de "un juicio más" y sostuvo que no se cambiará el lugar donde se desarrollará el debate , a pesar de los pedidos de los familiares de las víctimas y entidades de derechos humanos en virtud de que lo consideran muy pequeño, ya que sólo pueden estar 60 personas.Las aseveraciones del magistrado generaron descontento tanto entre los periodistas como en las organizaciones de derechos humanos. La APDH filial San Luis rechazó las declaraciones "porque no se trata de un juicio más como él dijo sino que tiene la trascendencia de ser uno de los pocos que se realizan en el país por los delitos de lesa humanidad y el primero en Cuyo"."Desconocemos cuál es el miedo del Tribunal ya que ningún organismo de derechos humanos, ni familiares de las víctimas son capaces de generar hechos de violencia y lo único que pretendemos es que el juicio cumpla la condición de ser oral y público", planteó Lilian Videla, titular de la APDH puntana.En este sentido, advirtió que si no dejan entrar en la sala, permanecerán afuera "gritando, exigiendo justicia y la publicidad de lo que ocurra adentro del recinto".Como argumento para rechazar el pedido de habilitación de una sala más grande para desarrollar el juicio, Videla planteó que no contaba con fondos. El juicio contra los dos ex militares y tres ex policías tendrá lugar en una sala del edificio del Correo Central, en el cruce de avenida Illia y San Martín.El subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Luis Alem, quien se encuentra en San Luis junto a personal del Plan de Acompañamiento y Asistencia a Querellantes y a Testigos, anticipó a Télam que hará gestiones para que los miembros del Tribunal "revean la decisión de no permitir la televisación" del proceso."El juicio tiene un carácter pedagógico para la sociedad, ya que televisándolo se puede, además de seguir su desarrollo, dar a conocer a la población el juzgamiento.
Fuente el patagonico.net