Néstor repartirá en diciembre $750 millones para contener a los pobres
El acampe de 30 horas en la avenida 9 de Julio y la semana de protesta que preparan las organizaciones de desocupados que exceden al kirchnerismo impugnan los pilares que el gobierno nacional concibió para contener el reclamo de los sectores de menores recursos y evitar que niveles de alta conflictividad estallen en las fiestas.
El anuncio del plan Argentina Trabaja que Cristina Fernández de Kirchner hizo en agosto pasado se convirtió, junto con el decreto de asignación universal por hijo, en la carta principal del Gobierno para contener a las franjas de la población que nunca se subieron al tren del crecimiento. El matrimonio presidencial quiere que, antes de fin de año, por lo menos la mitad de los 1.500 millones de pesos del plan impacten en los bolsillos de los grupos de riesgo. Para mediados de 2010, apuntan a crear 1.700 cooperativas que les den trabajo a 100 mil personas.
La obsesión oficial es inyectar dinero en los sectores de menores recursos, que destinan la mayor parte de sus ingresos al consumo. “Queremos que se cobre antes de las fiestas y que ese dinero esté en la calle antes de fin de año”, le dijo a Crítica de la Argentina un funcionario que ya monitorea el nuevo plan en los municipios del conurbano bonaerense.
Argentina Trabaja apunta a los 35 distritos en los que se concentran los sectores de menores ingresos y donde el kirchnerismo conserva la mayor parte de sus votantes. En su mayoría, se trata de barrios, asentamientos, villas. Su antecedente inmediato fue el Programa de Inversión Social (PRIS), una iniciativa lanzada en marzo por el ex funcionario Emilio Pérsico que contaba con financiamiento de dos ministerios: Desarrollo Social y Planificación. A través del PRIS se crearon alrededor de mil cooperativas que dieron empleo por un plazo de un año a unas 15 mil personas en el primer y segundo cordón del Gran Buenos Aires. Ahora, las cooperativas del PRIS se nutrirán de nuevos beneficiarios del nuevo plan y en otros casos se conformaran nuevas. Argentina Trabaja amplía la cantidad de miembros, que pasa de 16 a un promedio de 60. Pero establece que el empleo será de seis meses, renovable por otros seis, y fija límites muy estrictos para los beneficiarios que surgen de un cruce de datos con el Sistema Nacional Tributario y Social (Sintys). Por ejemplo, no pueden acceder las personas que cobran algún otro tipo de plan social, ni los que tengan auto.
Cada cooperativa debe encargarse de llevar a la práctica un módulo, es decir, una obra pública: saneamiento, tendido de red de agua potable, señalización, construcción de plazas, cordón cuneta, asfalto, playones deportivos, refacciones de centro de salud, escuelas y hospitales. Uno de los grandes desafíos del plan será darle continuidad al trabajo de los miembros de la cooperativa una vez que la obra asignada concluye. Cada trabajador se inscribe como monotributista social y paga 23 pesos por mes. El Estado se hace cargo del aporte jubilatorio y de la obra social y el empleado puede darle cobertura a cada hijo por 12 pesos más.
Fuentes de Desarrollo Social sostienen que en la actualidad ya están funcionando unas 130 cooperativas integradas por 7.800 personas y que otros 30 mil habitantes de la provincia de Buenos Aires se anotaron para ingresar al programa. Para fin de año, el objetivo oficial es que los beneficiarios que reciban el primer sueldo antes de las fiestas ronden las 50 mil personas.
Las organizaciones de desocupados que impugnan el proyecto sostienen que los intendentes del conurbano son los patrones del plan y se quejan de que deben anotar a sus miembros en forma individual. Con el PRIS, esas agrupaciones tenían la mitad de los planes que asignaba el Gobierno. Ahora, nada. Los jefes comunales no sólo tienen la potestad para decidir a quiénes aceptan y a quiénes no, sino además dónde ubicar a los beneficiarios. “Los intendentes dividen a nuestros compañeros en pequeños grupos con el objetivo de licuar la organización”, sostuvo a este diario un dirigente de Libres del Sur, la agrupación que se alejó del oficialismo en 2008. Según ellos, de la relación que las organizaciones sociales tengan con el municipio depende el nivel de participación que tengan en el Argentina Trabaja.
El kirchnerismo responde que, en realidad, la asignación universal por hijo marcará el fin de los planes sociales e incluso de la práctica del clientelismo “de izquierda y de derecha”, como le dijo a este diario un miembro del gabinete nacional. Sostienen que los beneficiarios del plan Jefes y Jefas de Hogar, del Plan Familias y del Programa de Empleo Comunitario irán drenando hacia la asignación universal. En el Ministerio de Desarrollo Social destacan que un jefe de familia, que en general tiene un promedio de tres hijos y cobraba un subsidio de 150 pesos, pasará a percibir un ingreso de 540 pesos. Funcionarios del Poder Ejecutivo comenzaron a enarbolar ahora un discurso implacable con el clientelismo y aseguran que con el Argentina Trabaja no ganan protagonismo los intendentes sino el Ministerio de Desarrollo Social, que tendrá un delegado en cada cooperativa de trabajo.
Lo cierto es que existen distritos en los que el programa ya funciona y otros en los que aún está en veremos. En el primer grupo, figuran municipios como Florencio Varela, Berazategui, Ezeiza, Avellaneda y Almirante Brown, en los que gobiernan intendentes de óptima relación con el matrimonio presidencial.
Se trata de un objetivo de largo plazo que tiene metas inminentes. Lo que hoy prima para el Gobierno es la necesidad de crear empleo, contener a los sectores más vulnerables e inyectar fondos al mercado interno. Como argumento último, Néstor Kirchner le repite a su tropa la frase atribuida a John Maynard Keynes. “Si hace falta, a la mañana vamos a hacer un pozo y a la tarde lo vamos a tapar”.fuente critica digital
