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A través de un proyecto presentado el jueves 24 de mayo, la senadora nacional Liliana Negre de Alonso consideró necesario y urgente “revisar todas las jubilaciones exorbitantes producidas por sentencia judicial por ser estas irracionales, irregulares y desproporcionadas’.
En el texto del proyecto, la legisladora puntana recalca que “consideramos que es urgente y necesario que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), impulse las medidas judiciales necesarias con el objeto de revisar las sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada que dejan traslucir irracionalidad, irregularidades o desproporcionalidad entre el fin de las normas aplicables al sistema jubilatorio argentino y la resolución judicial obtenida”.
Negre de Alonso en su argumentación resalta que “uno de los fundamentos principales de este pedido es el hecho de que en la actualidad existe una gran desigualdad en el cobro de los haberes jubilatorios. Mientras que aproximadamente un 80% de los jubilados hoy cobra un haber mínimo de $1.687 mensuales, existen haberes jubilatorios exorbitantes como uno de $112.121 mensuales (por sentencia judicial), que es el mayor, y 100 haberes jubilatorios entre ese valor máximo y $52.683. En este sentido, en líneas generales, existen un total de 173.519 beneficios otorgados por regímenes especiales, de privilegio y sentencias iguales o superiores al valor del haber tope del régimen general que actualmente es de 12.359,39”.
Además, la iniciativa considera que “por construcción pretoriana de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, principalmente, se aceptó, bajo ciertas circunstancias excepcionales que debían ser fehacientemente acreditadas, la llamada ‘acción autónoma de nulidad’. Esta acción es la que necesitamos que la ANSES impulse urgentemente para revisar las sentencias que tocan temas de haberes jubilatorios desproporcionados con el sistema jurídico nacional”.
En los fundamentos del proyecto, la senadora nacional enfatiza: “Es imprescindible que, como legisladores de la Nación, velemos por una correcta administración de los fondos de los jubilados, a través de los medios necesarios, para lograr un sistema jubilatorio más equitativo que permita mejorar la calidad de vida de todos nuestros mayores sin privilegiar a unos pocos en detrimento del resto”.
