LA POLÍTICA PERFECTA PARA MANTENER LOS PRIVILEGIOS
Por: PTS (Partido de los Trabajadores Socialistas) – San Luis
Días atrás, el Diputado Provincial Alejandro Cacace envió a los medios de comunicación su recibo de sueldo como muestra de que desde su espacio político se está cumpliendo con lo prometido en la campaña electoral del año pasado.
“Como contribuyentes, creo que debemos saber el destino de cada peso de los dineros públicos y por eso, todos los funcionarios públicos, desde el Gobernador a los legisladores e integrantes del Poder Judicial, tienen la obligación de - constantemente - rendir cuentas. Creo que debemos saber cómo se componen sus sueldos y en la medida en que no haya una publicación de esos recibos de sueldos para que la ciudadanía los pueda conocer, no hay debate posible sobre el destino de los fondos públicos. La transparencia debe ser una actitud ética que guíe nuestro accionar político, más allá de las conveniencias personales”, sentenció el legislador de la UCR, quien asimismo presentará este año un proyecto de ley para que los legisladores publiquen en internet sus recibos de sueldo.
Si bien podría tildarse este "gesto institucional de transparencia" como progresista (más allá de que los congresales nacionales radicales no lo hacen), lo cierto es que la política del radicalismo en este punto es absolutamente superficial, limitada y sólo sirve para desviar y "gambetear" el debate en torno a la posición social y económica que los políticos, los funcionarios y particularmente, los parlamentarios ocupan en la provincia y en el país. Lo que la UCR y sus aliados políticos del FAP (Frente Amplio Progresista) no se cuestionan (mucho menos los políticos del PJ provincial y municipal) son los sueldos y las dietas de la "clase política" que si tenemos en cuenta los números - $50.000 los legisladores nacionales con el último aumento del 24% y $24.000 sin antigüedad los legisladores puntanos - son tres, cinco y hasta diez veces superiores (según el caso y los cargos) al costo de la canasta básica familiar que hoy ronda los $8.500. Si este privilegio no tiene como fundamento que los funcionarios y legisladores "trabajan" en sus despachos de Lunes a Lunes, la misma cantidad de horas que un docente, un trabajador de la salud, un obrero fabril o un peón rural y con las mismas condiciones y riesgos laborales que estos tienen que aguantar y padecer cotidianamente, sino que los sueldos y las dietas de estos políticos (y sus considerables aumentos) son un premio para perpetuar este sistema de explotación en el que se busca que la crisis la paguen los trabajadores con tarifazos, inflación y “cepo” salarial, garantizando normas, resoluciones y fallos que sean favorables a los intereses de los grandes empresarios, banqueros, operadores de bolsa, terratenientes y multinacionales; mostrar los recibos de sueldo o publicarlos en internet no cuestiona esta realidad, no cuestiona este régimen político y no cuestiona la desigualdad que existe entre las condiciones y los estilos de vida de los "representantes del pueblo" y el día a día de los trabajadores y los sectores populares. Cuando ya se sabe que gran parte del dinero público se va en sueldos y privilegios de funcionarios y políticos, la medida impulsada por el radicalismo (diría Carlos Marx) no es más que "una mascarada, en que los grandes disfraces, las frases y gestos no son más que una careta para ocultar lo más mezquino y miserable". Por más que se pretenda desviar la atención a estas contradicciones (los sueldos y las dietas de la “clase política” vs costo de la canasta básica familiar; condición y estilo de vida de aquella vs condición y estilo de vida de los trabajadores y el pueblo pobre), es evidente que mientras se mantengan esta y cualquier clase de privilegios (propios de una casta) los "representantes" seguirán disfrutando de una realidad que los sectores oprimidos y explotados de este sistema capitalista (los "representados") padecen.
En ese sentido, resulta una provocación el sueldo y la dieta de los funcionarios, políticos y legisladores (repetimos: $50.000 en el caso de los legisladores nacionales y $24.000 en el caso de los legisladores de nuestra provincia sin contar antigüedad) si tenemos en cuenta que la canasta básica familiar se calcula en $8.500, que el ingreso promedio mensual individual de los asalariados fue de $4.905 en el tercer trimestre de 2013, que el ingreso familiar del 10% de los hogares más pobres (805 mil hogares) alcanzó unos miserables $2.465 mensuales, que las asignaciones universales por hijo son de $460, que más de cuatro millones de hogares tuvieron ingresos totales menores o iguales a $7.000, que el salario mínimo, vital y móvil es de $3.300 desde Agosto y que la gran mayoría de los jubilados (casi el 80%) viven ruinosamente con una mínima que en Septiembre llegó apenas a $2.477. Ni hablar de que todos los que viven de su trabajo perdieron en los últimos tres meses alrededor del 20% de su poder de compra por la imparable inflación y de que las patronales y sus gobiernos buscan ponerle un techo a las paritarias y aumentos salariales en un 20 y 25% cuando la inflación ronda en el 35%. Ni hablar de los tarifazos lanzados por el gobierno provincial y los distintos municipios (aumentos en impuestos, luz, agua, transporte público), los despidos en las fábricas del Parque Industrial como en Crafmsa, la no renovación de contratos a empleados como en la Municipalidad de la Ciudad de San Luis y la precarización laboral existente en todos los ámbitos de la administración pública. Ante estas provocaciones y ante la intención de los gobiernos y las patronales de descargar la crisis sobre las espaldas de la clase obrera, los partidos del régimen (entre ellos, la UCR) se limitan a mostrar los recibos de sueldo de sus políticos, es decir, llevan adelante la política para que nada cambie.
Sin embargo, no todos los partidos políticos son iguales ni todas las políticas y sus formas conducen a mantener y garantizar el orden actual de las cosas. En este sentido, desde el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), impulsamos a nivel nacional la campaña de que todo funcionario, político y legislador cobre lo equivalente al costo de la canasta básica familiar ($8.500) para terminar con los privilegios y con la casta de funcionarios y políticos "profesionales" que se alimentan de ellos. Esta es una política que la llevamos a la práctica con nuestros parlamentarios en distintas provincias y principalmente, con la banca del Frente de Izquierda en el Congreso Nacional encabezada por nuestro compañero Nicolás Del Caño; quien salió en todos los medios de comunicación al rechazar el aumento del 24% en la dieta de los parlamentarios nacionales hace pocos días atrás.
Como nos comprometimos públicamente durante la campaña electoral del año pasado, la dieta que perciben los parlamentarios del PTS en el Frente de Izquierda es de $8.500 (costo de la canasta básica familiar). El resto del dinero va a un fondo para promover y apoyar las luchas de los trabajadores y sectores populares en todo el país. Por esto, en las últimas semanas, ya aportamos varios pasajes aéreos para la campaña por la absolución de los petroleros de Las Heras (Santa Cruz), condenados a perpetua en un juicio viciado de nulidades por ser parte de una lucha de hace seis años contra el impuesto al salario; diez mil pesos para apoyar la lucha de los municipales del departamento de Lavalle (Mendoza), que consiguieron el pase a planta permanente de más de 300 contratados en forma precaria; diez mil pesos para el fondo de lucha de los trabajadores de la fábrica de electrodomésticos “Liliana SRL” (Rosario – Santa Fe); veinte mil pesos para el fondo de lucha de los trabajadores de la textil “Elemento” (Bs. As.); y diez mil pesos para la lucha de los trabajadores de la autopartista “Kromberg & Schubert (Bs. As.). Con esto, es claro que con solamente mostrar nuestros recibos de sueldo no cuestionaríamos este régimen político propio de los capitalistas ni le torceremos el brazo a los gobiernos y a las patronales en sus planes de ajuste contra los trabajadores y sectores populares. Nuestras bancas están al servicio de la lucha de los oprimidos y explotados. Es por esto que le damos ese destino al resto de la dieta que, por los fundamentos ya expuestos, NO nos corresponde.
Llamamos a los trabajadores y estudiantes a la organización para rechazar a la casta de políticos privilegiados y a su régimen; rechazar los ajustes que desde los gobiernos a las patronales pretenden imponernos; y para llevar adelante una campaña para que todo funcionario y político no pueda percibir más de lo que cuesta la canasta básica familiar, teniendo como ejemplo la práctica y experiencia que nuestro compañero del PTS Nicolás Del Caño está llevando a cabo desde el Congreso Nacional.
