“Si nosotros decimos que el derecho a la información y a la comunicación es un derecho humano fundamental, no debería tener costo alguno” remarcó la legisladora de San Luis
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El Jefe de Gabinete Jorge Capitanich, el Ministro de Planificación Julio De Vido y el Secretario de Comunicaciones de la Nación Norberto Berner presentaron hoy en la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado de la Nación, el proyecto de Ley Argentina Digital impulsado por el Ejecutivo Nacional para la regulación de los prestadores de telecomunicaciones.
Al finalizar las exposiciones de los funcionarios, la senadora nacional por la Provincia de San Luis, Liliana Negre de Alonso, tomó la palabra y advirtió que “si nosotros decimos que el derecho a la información y a la comunicación es un derecho humano fundamental, no debería tener costo alguno”, y consideró que sería conveniente que el propio Estado financie la red óptica y garantice la igualdad de oportunidades.
Posteriormente, se refirió al articulado del proyecto y cuestionó “en los fundamentos se habla de una concurrencia de facultades: gobierno nacional-gobiernos provinciales-gobiernos municipales, entonces ¿cómo hacemos para coordinar esta concurrencia de facultades en los propios ámbitos donde la ley ni siquiera, porque hay un apartado de facultades no delegadas, invita a la adhesión?”
Negre propuso también un desafío mayor al existente: “que el Estado provea para que realmente pueda ser un servicio gratuito y de acceso a todos; entonces todo este tipo de abusos de las grandes empresas a las pequeñas se termina”
Además, la legisladora puntana reclamó la inclusión de los proyectos vinculados a neutralidad en la red, “como por ejemplo el de autoría del senador Adolfo Rodríguez Saá”. En referencia a este planteo, cabe recordar que la iniciativa establece el principio de “neutralidad de la red”, por lo que las empresas que brindan el acceso a Internet estarán impedidas de modificar la calidad o la velocidad con la que se accede a los contenidos en la web. De esta manera se impide que las proveedoras puedan hacer acuerdo comerciales con empresas para priorizar el acceso a sus contenidos.
