El legislador puntano advierte “Este Senado tiene facultad revisora, no acepto pactos entre algunos senadores y diputados que anulan las facultad de esta cámara"
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El senador Nacional, Adolfo Rodríguez Saá, denunció un supuesto “pacto” legislativo para el tratamiento del Presupuesto 2017, al reclamar la modificación de la Ley de Acceso a la información, en medio de quejas por el “desprecio” a la clase política, aunque aclaró que su posición “no es en contra del gobierno” sino en defensa del rol del Senado como Cámara Revisora.
“Los organismos del Parlamento funcionan. ¿Cuál es la traba?”, planteó Rodríguez Saá, quien además preguntó: “¿rompemos algún acuerdo como el que anuncian Clarín y Nación, acerca de que se está pactando el presupuesto entre algunos senadores y diputados?”, mientras planteaba un cambio a la ley de Acceso a la Información durante el plenario de comisiones para consensuar dictamen .
“Este Senado tiene facultad revisora, no acepto pactos entre algunos senadores y diputados que anulan las facultad de esta cámara. No estoy de acuerdo”, afirmó el legislador por San Luis, quien enfatizó: “Mi posición no es contra el gobierno, ni el parlamento, ni a favor del Senado es un principio en defensa de la Constitución”, tras sostener que “cada vez que salimos de ella pagamos caro en error”.
Rodríguez Saá, habló en estos términos durante la Reunión Plenaria de las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Hacienda y Justicia y Asuntos Penales del Senado, donde se trató el proyecto de Acceso a la Información, que se realizó en el Salón Illia de la Cámara Alta.
En ese contexto, el legislador solicitó que “no se desprecie a la clase política”, en referencia al artículo 23 que impide que el cargo de director de la Agencia de Acceso a la Información pueda ser ejercido por quienes hayan “desempeñado cargos electivos o partidarios en los últimos 5 años previos a la designación”.
De inmediato, el legislador por San Luis, planteó “ cuál es el inconveniente para resolver el organismo de control” donde se establece que “el director propuesto no podrá haber desempeñado cargos electivos o partidarios en los últimos 5 años previos a la designación”, considerando que “un político de fuste puede ser apto para desempeñar el cargo” y señaló que también “puede ser un ciudadano que no pertenezca a ninguna agrupación política y sea idóneo desde su perspectiva personal, pero débil al momento de defender los derechos de los ciudadanos”.
En ese contexto, el titular del interbloque federal dijo: “basta de despreciar a la clase política”, tras plantear por qué “una persona que fue candidato de un partido, autoridad partidaria, u ocupo un cargo electivo no puede ejercer esa función, están equivocados”.
