El Senado de la Nación aprobó hoy por unanimidad el proyecto de Ley de Protección a las Víctimas de Delitos
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Durante el debate, la senadora nacional por San Luis, Liliana Negre de Alonso, comenzó manifestando que "hoy estamos visibilizando el problema de la víctima e incorporándolo al plexo legal". Debido a que los senadores le introdujeron una serie de cambios, la iniciativa deberá volver a ser tratada por Diputados.
La legisladora puntana resaltó que “con esto no está todo resuelto pero sin dudas es un avance importantísimo”. Y añadió: “No hemos logrado que el Defensor público de las víctimas (figura creada con esta Ley) actúe de oficio. Y por qué esto sería importante? Porque al delincuente o al imputado apenas lo detienen tiene inmediatamente un abogado. Pero la víctima o la familia de la víctima tiene que empezar a resolver su tragedia para empezar a darse cuenta y pensar qué puede hacer y comienza el recorrido de tribunales, mostradores, reciben maltrato o negativa de información. Por eso creemos que el Estado tiene que ir en busca de la víctima y no que la víctima tenga que salir a golpear puertas”.
Si bien se mostró conforme con la sanción de la Ley, enfatizó que “será seguramente en un próximo paso para que el Defensor público de las víctimas actúe de oficio. Eso es lo que yo había propuesto”. Y en esa línea subrayó que “mientras la víctima está internada inconsciente o un padre está buscando a un hijo en las morgues, el imputado y su abogado ya avanzaron a pasos agigantados en el proceso".
Negre de Alonso recalcó que "la víctima tiene que tener los mismos derechos que tiene el imputado dentro del proceso".
En otro tramo de su discurso, la senadora consideró que "no existe dinero ni condena que compense la muerte de un ser querido". Y enseguida agregó: “Pero, quizás, con un juicio justo y con una condena justa hay una tranquilidad moral, un cumplimiento de un juramento que se hace a veces los familiares frente a la víctima”.
Sobre el final, puntualizó que "con este avance las provincias argentinas podrán ir adhiriendo de acuerdo al sistema jurídico imperante en cada una de ellas".
El objeto de esta ley es:
a) Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial, el derecho al asesoramiento, asistencia, representación, protección, verdad, acceso a la justicia, tratamiento justo, reparación, celeridad y todos los demás derechos consagrados en la Constitución Nacional, en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los que el Estado Nacional es parte, demás instrumentos legales internacionales ratificados por ley nacional las constituciones provinciales y los ordenamientos locales;
b) Establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, hacer respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas, así como implementar los mecanismos para que todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, cumplan con sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar delitos y lograr la reparación de los derechos conculcados;
c) Establecer recomendaciones y protocolos sobre los deberes y obligaciones específicos a cargo de las autoridades y de todo aquel que intervenga en los procedimientos relacionados con las víctimas de delito.
