Los letrados se autodenominaron Abogados por la Libertad de Expresión y Pensamiento
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Adolfo Rodriguez Saá y un grupo de abogados procedentes de toda la provincia se reunieron y emitieron un documento que se compromete a proteger desde la lucha judicial a los trabajadores que denuncian ser echados por pensar distinto. Para ello conformarán un registro de beneficiarios de palnes sociales y de empleados públicos que sean despedidos por haber adherido a algún político o candidato opositor al gobierno provincial. El documento dice lo siguiente:
ABOGADOS POR LA LIBERTAD
DE EXPRESION Y PENSAMIENTO
En la
Provincia de San Luis, actualmente se
está viviendo una situación de suma gravedad institucional, que afecta el
sistema democrático; en efecto, los empleados públicos, los integrantes del Programa
Trabajo por San Luis (Planes Sociales) y a muchos beneficiarios de distintos
tipos de becas, el Gobierno de la Provincia de San Luis, no les permite
expresar libremente sus opiniones políticas, manifestar sus pensamientos
ideológicos, se les controla hasta su intervención en la redes sociales, se les impide su
participación en reuniones políticas, todo
ello bajo amenazas de ser despedidos, las cuales en muchos casos se han
concretado.-
De
este modo el Estado Provincial, antidemocráticamente, controla y persigue al
sector de la población más indefenso, más necesitado, amenazándolos con ser
despedidos en caso de hacer alguna tipo
de manifestación política a favor
de algún candidato de la oposición, cualquiera sea, lo cual es absolutamente
repudiable.-
La libertad de expresión es un derecho de
carácter constitucional, pilar fundamental de la democracia, sin ella ésta no
existe; es el derecho a expresar
libremente las opiniones y convicciones políticas, es
el derecho a que ningún Gobierno, ni poder, criminalice a los ciudadanos por
sus expresiones. Sin libertad de
expresión no puede haber democracia, pues esta supone el derecho de los
ciudadanos a participar en el gobierno y este derecho no se podría ejercer si
los ciudadanos no pudiesen expresar libremente sus opiniones y convicciones
políticas. En este sentido, los ataques a la libertad de expresión por parte
del Gobierno Provincial pueden ser considerados ataques a la democracia.
Lo expuesto provoca una grave situación
institucional, que los hombres y mujeres de derecho NO PODEMOS CONSENTIR, razón
por lo cual decidimos:
1) Conformar
una ASOCIACION DE ABOGADOS EN DEFENSA
DE LA CONSTITUCION Y DEL DERECHO DE EXPRESION, quienes asumimos el
compromiso de ejercer una defensa activa de todos los ciudadanos, de cualquier
signo político, que el Gobierno de la Provincia lo haya despedido de sus
trabajo, o quitado alguna beca, como consecuencia de haber efectuado alguna
manifestación política en contra del Gobernador de la Provincia de San Luis,
Dr. ALBERTO RODRIGUEZ SAA o de alguno de los FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO
PROVINCIAL.-
2)
Abrir
un Registro de empleados públicos, integrantes del
Programa Trabajo por San Luis (planes sociales) y de beneficiarios de distintos
tipos de becas del Gobierno de la Provincia, que hayan sido perseguidos o
despedidos de su trabajo, como consecuencia de haber efectuado manifestaciones políticas a favor
de algún candidato opositor al Gobierno Provincial.-
3)
Proponer una legislación que
devuelva la competencia de la protección de los derechos de los trabajadores y
beneficiarios de planes y becas del Gobierno de la Provincia a los tribunales
inferiores de nuestra Provincia, sacando la competencia originaria del Superior
Tribunal.-
4)
Proponer un nuevo sistema de
votación que pueda garantizarle la independencia de los ciudadanos en la
elección de los candidatos.-
5)
Tomar medidas para garantizar
una mejor calidad institucional, tales como exigir inmediatamente la
designación del DEFENSOR DEL PUEBLO, que pueda actuar en resguardo de los
derechos de los más necesitados.-
6)
Exigir la inmediata
integración del Superior Tribunal, con el número mínimo de miembros que exige
nuestra Constitución.-
Todo lo expuesto a los fines de efectuar una
defensa y resguardo de los derechos de los trabajadores, cuyas garantías
constitucionales han sido vulneradas.
Material de audio gemtileza Ayelén Britos