martes, 7 de mayo de 2019

EL SENADOR RODRIGUEZ SAA Y UN GRUPO DE ABOGADOS CREAN UN REGISTRO DE TRABAJADORES DE LOS PLANES SOCIALES QUE SEAN DESPEDIDOS O AMENAZADOS

Los letrados se autodenominaron Abogados por la Libertad de Expresión y Pensamiento

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Adolfo Rodriguez Saá y un grupo de abogados procedentes de toda la provincia se reunieron y emitieron un documento que se compromete a proteger desde la lucha judicial a los trabajadores que denuncian ser echados por pensar distinto. Para ello conformarán un registro de beneficiarios de palnes sociales y de empleados públicos que sean despedidos por haber adherido a algún político o candidato opositor al gobierno provincial. El documento dice lo siguiente:


ABOGADOS POR LA LIBERTAD
 DE EXPRESION Y PENSAMIENTO
En la Provincia de  San Luis, actualmente se está viviendo una situación de suma gravedad institucional, que afecta el sistema democrático; en efecto, los empleados públicos, los integrantes del Programa Trabajo por San Luis (Planes Sociales) y a muchos beneficiarios de distintos tipos de becas, el Gobierno de la Provincia de San Luis, no les permite expresar libremente sus opiniones políticas, manifestar sus pensamientos ideológicos, se les controla hasta su intervención  en la redes sociales, se les impide su participación en reuniones políticas, todo ello bajo amenazas de ser despedidos, las cuales en muchos casos se han concretado.-
De este modo el Estado Provincial, antidemocráticamente, controla y persigue al sector de la población más indefenso, más necesitado, amenazándolos con ser despedidos en caso de hacer alguna tipo  de manifestación política  a favor de algún candidato de la oposición, cualquiera sea, lo cual es absolutamente repudiable.-
La libertad de expresión es un derecho de carácter constitucional, pilar fundamental de la democracia, sin ella ésta no existe; es el derecho a expresar libremente las opiniones y convicciones políticas,  es el derecho a que ningún Gobierno, ni poder, criminalice a los ciudadanos por sus expresiones. Sin libertad de expresión no puede haber democracia, pues esta supone el derecho de los ciudadanos a participar en el gobierno y este derecho no se podría ejercer si los ciudadanos no pudiesen expresar libremente sus opiniones y convicciones políticas. En este sentido, los ataques a la libertad de expresión por parte del Gobierno Provincial pueden ser considerados ataques a la democracia.
Lo expuesto provoca una grave situación institucional, que los hombres y mujeres de derecho NO PODEMOS CONSENTIR, razón por lo cual decidimos:
1)    Conformar una ASOCIACION DE ABOGADOS EN DEFENSA DE LA CONSTITUCION Y DEL DERECHO DE EXPRESION, quienes asumimos el compromiso de ejercer una defensa activa de todos los ciudadanos, de cualquier signo político, que el Gobierno de la Provincia lo haya despedido de sus trabajo, o quitado alguna beca, como consecuencia de haber efectuado alguna manifestación política en contra del Gobernador de la Provincia de San Luis, Dr. ALBERTO RODRIGUEZ SAA o de alguno de los FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO PROVINCIAL.-
2)    Abrir un Registro de empleados públicos, integrantes del Programa Trabajo por San Luis (planes sociales) y de beneficiarios de distintos tipos de becas del Gobierno de la Provincia, que hayan sido perseguidos o despedidos de su trabajo, como consecuencia de haber  efectuado manifestaciones políticas a favor de algún candidato opositor al Gobierno Provincial.-
3)    Proponer una legislación que devuelva la competencia de la protección de los derechos de los trabajadores y beneficiarios de planes y becas del Gobierno de la Provincia a los tribunales inferiores de nuestra Provincia, sacando la competencia originaria del Superior Tribunal.-
4)    Proponer un nuevo sistema de votación que pueda garantizarle la independencia de los ciudadanos en la elección de los candidatos.-
5)    Tomar medidas para garantizar una mejor calidad institucional, tales como exigir inmediatamente la designación del DEFENSOR DEL PUEBLO, que pueda actuar en resguardo de los derechos de los más necesitados.-
6)    Exigir la inmediata integración del Superior Tribunal, con el número mínimo de miembros que exige nuestra Constitución.- 

Todo lo expuesto a los fines de efectuar una defensa y resguardo de los derechos de los trabajadores, cuyas garantías constitucionales han sido vulneradas.
Material de audio gemtileza Ayelén Britos